RETOS PARA MEDIR Y HACER SEGUIMIENTO AL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A LA NIÑEZ EN COLOMBIA

Abstract

El Informe General de Implementación de la Ley 1098 de 2006 y Rendición Pública de Cuentas Nacional sobre la Garantía de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud 2005-2012 (ICBF, 2013) estima que el Gasto Público dirigido a la Niñez (GPdN) en Colombia fue de $18,4 billones en 2011, y que este ha crecido 31,1% en términos reales desde 2005, cuando se ubicaba en $10,7 billones. Esta cifra equivale al 12,2% del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2011, a un 3% del PIB y a un 24% del Gasto Público Social (GPS). Un estudio reciente de la Alianza por la Niñez Colombiana (Sarmiento, 2012) calcula este gasto en $37,8 billones en 2010, que representaban entonces el 44,5% del GPS, el 6,8% del PIB y cerca del 25% del PGN. Por múltiples razones, este grupo poblacional tiene prioridad en la política, y ello se debe reflejar en una mayor destinación de presupuesto. Por un lado, constituye la población más importante de la sociedad, por todas las potencialidades y oportunidades que representa en términos de desarrollo humano y social en el largo plazo (Sen, 1999; Van der Gaag, 2002). Por otro lado, de acuerdo con las proyecciones de población del DANE, esta población asciende en 2014 a 15.493.017 niños, niñas y adolescentes, lo cual significa nada más y nada menos que la tercera parte (33,1%) de la población del país. Finalmente, la Constitución Política (Artículo 44), la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (ratificada mediante la Ley 12 de 1991) y el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establecen disposiciones claramente orientadas a sustentar la prioridad política y normativa de esta población sobre las demás, como los principios de interés superior y prevalencia de los derechos, así como la doctrina de la Protección Integral.